El expresidente del Banco Nación Javier González Fraga ha sido injustamente denunciado por un sector que ha cooptado organismos en busca de impunidad.

«Cree el ladrón que todos son de su condición» es un antiguo aforismo castellano, de aplicación al tiempo de revanchas que el kirchnerismo pretende llevar a cabo en muchos sectores del Estado, comenzando por la Justicia. Mientras el presidente Alberto Fernández se esfuerza por cerrar la grieta en las áreas que puede controlar, su vicepresidenta, Cristina Fernández, ha cooptado numerosos organismos «institucionales» con el único objetivo de lograr la impunidad. Para ella, su familia, sus colaboradores, testaferros y socios fantasmales.

Ese esfuerzo, que se despliega fundamentalmente ante los despachos de Comodoro Py, también se combina con una estrategia de demostrar que «todo es igual», mediante denuncias contra exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, toda vez que pueda encontrarse un resquicio interpretativo para abrir investigaciones, aunque no tuvieran sustento real.

El caso de la exportadora Vicentín es emblemático. Mientras Cristóbal López, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Amado Boudou, Julio De Vido, Daniel Muñoz y otros «capitostes» del kirchnerismo constituyeron sociedades de la nada para obtener contratos de obras públicas, cobrar retornos en la oscuridad, percibir honorarios por servicios inexistentes, apropiarse de la imprenta de moneda y otras formas de defraudar al Estado, la empresa Vicentín tiene casi cien años de actividad en la Argentina, sustentada en negocios genuinos, con plantas industriales y terminales portuarias para moler soja, fabricar biodiésel, desmotar algodón, procesar carnes, elaborar lácteos y producir vinos, entre otras actividades.

Es la mayor empresa de Santa Fe y la sexta exportadora de granos y subproductos del país, en un sector dominado por compañías multinacionales. Ha generado trabajo y divisas y, conforme a la naturaleza de su negocio, fue gran demandante de crédito de corto plazo para comprar granos a los productores, a cuenta de las divisas provenientes de sus exportaciones. Llegó a procesar un volumen superior a los seis millones de toneladas y, naturalmente, fue el principal cliente del Banco Nación.

Sin embargo, tras las PASO de agosto de 2019, el escenario cambió para Vicentín y también para la banca oficial. Con un pasivo de 1300 millones de dólares, de los cuales 300 millones son deudas con el Banco Nación y otros 350 millones con los productores, la empresa se paralizó abruptamente por haber perdido la confianza de estos últimos, quienes dejaron de entregarle granos, originando así una cadena de incumplimientos en toda la región.

Vicentín debió presentarse en concurso de acreedores para detener ejecuciones, mientras intenta reestructurar su pasivo a partir de esquemas asociativos que le permitan reponer el capital de trabajo y generar un flujo de fondos para atender sus deudas. En el contexto de ese proceso se dilucidará si la administración de su negocio correspondió al buen hombre de negocios o si enfrentó esa coyuntura con negligencia culposa.

El actual directorio del Banco Nación hizo público un informe en el que cuestiona la forma en que se llegó a la actual situación. A su vez, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a partir de esa información, presentó una denuncia penal contra directivos de Vicentín y también contra el expresidente del banco Javier González Fraga por supuesta incuria en el análisis crediticio, señalando que podría haber actuado contra el mejor interés de la entidad por instrucciones de Macri, en reconocimiento a Vicentín por las contribuciones de campaña realizadas a Cambiemos. Este es el meollo político del caso Vicentín, el único que realmente interesa a la ofensiva kirchnerista.

No es esta columna editorial el lugar para analizar en forma técnica si esos créditos fueron bien o mal concedidos. Lo que no puede ignorarse es que la actividad de la banca estatal siempre estará expuesta a cuestionamientos, pues dada su naturaleza no tiene por objeto actuar como la banca privada, sino con una visión más amplia, que también contemple aspectos como el desarrollo de las economías regionales, la generación de divisas, las fuentes de empleo y otros objetivos de política económica.

Esta ambigüedad intrínseca, que provoca tensiones entre la búsqueda de rentabilidad y la función de fomento, puede ser causa de críticas ex post si las cosas salen mal. Pero esos conflictos surgen de la propia naturaleza de dichas instituciones, nacidas con propósitos no comerciales y que difícilmente puedan evitar la acumulación de carteras crediticias de alto riesgo. El recuerdo del antiguo Banco Industrial, luego Banade, atorado con incobrables de «grandes proyectos nacionales», pero siempre apoyado por las asociaciones fabriles y los partidos políticos, es un buen ejemplo. Aun así, existen criterios objetivos para diferenciar los resultados negativos de una gestión arbitraria, movida por intereses espurios, de las consecuencias no deseadas de una gestión honrada.

En el caso de Vicentín, no puede ignorarse que ha estado vinculada al Banco Nación durante décadas de puntual cumplimiento de sus obligaciones, hasta convertirse en su principal cliente, y por su dimensión, fuente de innumerables negocios para la institución, en el área de su especialidad, la agroindustria y el comercio exterior.

También es de público conocimiento que, con el resultado de las últimas PASO, hubo una gran devaluación en la Argentina, con un aumento dramático del riesgo país, corrida de los depósitos en dólares y simétrico cierre del financiamiento local en esa moneda, afectándose a numerosas empresas nacionales, muchas de las cuales debieron reestructurar sus pasivos, dentro y fuera de los tribunales. Asimismo, los productores, previendo un posterior aumento de las retenciones, adelantaron masivamente sus ventas a Vicentín -al igual que a otros exportadores-, incrementando en forma inusual las necesidades financieras de la compañía. En diciembre, Vicentin no pudo cumplir con sus proveedores y eso provocó una suerte de «corrida» cuando se interrumpieron las entregas de granos y la paralización de las plantas.

El Banco Nación también se vio expuesto a esta situación dramática, por cuanto no quiso cortar las operaciones de prefinanciación, pues ello hubiera significado la caída de la empresa, cuando aún no había indicios de que ello podía ocurrir. Con el diario del lunes es fácil cuestionar la forma en que esa institución actuó en una coyuntura imprevista, teniendo como cliente a una empresa casi centenaria, con una carpeta impecable y de cuyo funcionamiento dependía buena parte del sector agrícola argentino, generador de divisas y empleo.

Con respecto a su expresidente González Fraga, ahora puesto «en la picota» con la denuncia penal formulada por la citada fundación, cabe recurrir a un concepto sencillo y generalmente correcto. Las trayectorias de las personas hablan de ellas y quien ha sabido actuar con probidad durante muchos años, en momentos como este, tiene autoridad para hacerlas valer. Es reconocido como un economista independiente, que no proviene del sector financiero y que tiene un fuerte sesgo industrialista, defensor de las pymes y propulsor de los microcréditos. Precisamente, por esa probidad e independencia de criterio fue designado presidente del Banco Nación y no para manejarlo conforme a órdenes de la Casa Rosada.

Hace 30 años fue presidente del Banco Central, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando la hiperinflación heredada de Raúl Alfonsín no había sido aún controlada. En 2011 fue candidato radical a la vicepresidencia de la Nación en fórmula con Ricardo Alfonsín. Quienes lo han conocido saben de su vida austera, más como intelectual que como hombre de negocios, en línea con su dedicación a la consultoría y la cátedra universitaria. Su breve paso por la gestión pública no fue gratuito, pues sufrió denuncias por su actuación en la entidad rectora. Pero nadie puede imputarle haber hecho negocios a costa del interés del Estado ni incrementado su patrimonio ni obtenido canonjías de ninguna especie.

Es tan obvia la intencionalidad política del actual directorio del Banco Nación, tan superficial su análisis y tan apresuradas sus conclusiones que solamente perjudicarán la gestión futura de la institución, distraída en desacreditar en tiempos de revancha, en lugar de reevaluar sus políticas para superar la crisis financiera desatada el año pasado y que ha afectado toda su operatoria, y no solamente por el caso Vicentín.

 

Fuente: www.lanacion.com.ar

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