Solo la administración central cuenta con las herramientas fiscales y económicas necesarias para compensar las fuertes asimetrías regionales.
Desde el inicio de la República, periódicamente surge el pensamiento sobre mudar la Capital Federal al Interior del país. Hace algunas semanas volvió a manifestarlo el presidente Fernández, al decir esto, abrió la puerta por enésima vez para que se debata sobre el modelo federal de desarrollo de la Argentina.
Para entender el problema del federalismo hay que remontarse a los orígenes del Estado Nación y comparar la realidad actual con la situación a mediados del siglo XIX en términos de desarrollo económico regional.
Desde el punto de vista económico, en esos tiempos el país mostraba un desarrollo económico regional muchísimo más armónico que la Argentina del siglo XXI. Las economías regionales eran tan pujantes que permitían que los caudillos provinciales tuvieran los recursos económicos y materiales para disputarle el poder político a Buenos Aires.
El 99 por ciento de los economistas y cientistas sociales que suelen analizar el problema del federalismo argentino tienden a pensar que lo que se necesita es mayor federalismo, con la finalidad de conceder a las provincias más poder político.
El traslado
Paradójicamente, “trasladar la Capital” es un ejemplo más que demuestra que ese consenso mayoritario entre los intelectuales argentinos está profundamente equivocado. Solo se puede tener más federalismo si antes se logra una mayor concentración de poder político y económico en el Gobierno nacional.
Lo más cercano a plasmar en los hechos este traslado, es decir a efectivizar la centralidad como herramienta de desarrollo, se remonta a la sanción de la Ley 23.512 de mayo de 1987, donde se declaraba al distrito Federal de Guardia Mitre – Viedma- Carmen de Patagones como la Nueva Capital de la Nación. Esta norma fue derogada por Carlos Menem según Decreto 1256/89.
Para poder retomar la idea de “trasladar la Capital”, es necesario reflexionar profundamente algunos conceptos básicos del sistema federal de Gobierno. Un sistema federal es aquel que reconoce la autonomía política de los gobiernos subnacionales o intermedios (provincias, estados, regiones, cantones o landers, por ejemplo). Es decir, los gobernadores no son designados por el poder central sino que son elegidos en elecciones libres en cada Provincia.
En Argentina, la elección de un sistema federal de gobierno no fue producto de una mente altruista y bondadosa. Los caudillos provinciales defendieron su autonomía a los tiros y esos tiros eran financiados por potentes economías regionales.
Cuando se revisa la lista de los 190 Estados Nación con los que Argentina tiene que negociar el nuevo acuerdo con el FMI, se encuentra que la gran mayoría de los países son unitarios. Los países federales son un pequeño grupo con menos de 30 integrantes. En su mayoría son países “grandes”, es decir territorialmente extensos. Y salvo algunos casos aislados como Canadá, Australia (entre los países desarrollados) y Argentina, México y Brasil (entre los subdesarrollados), que tienen una megalópolis, son países que tienen un desarrollo regional homogéneo.
La historia económica y política mundial muestra que el federalismo primero es económico, luego político y por último fiscal. Y que esa cadena causal no es reversible. Una vez que el sistema económico mutó hacia un esquema de mayor concentración económica en una hipermegalópolis, no es posible revertir ese proceso profundizando el federalismo fiscal y político.
La conformación actual del federalismo argentino muestra una fuerte inconsistencia entre el reparto del poder político y el poder económico. Esta gran inconsistencia es la razón por la cual desde 1996 se viola el compromiso constitucional de tener una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. No es posible que las 24 jurisdicciones acuerden un nuevo reparto de la torta fiscal.
Para poder avanzar hacia un desarrollo regional más armónico es necesario barajar y dar de nuevo ese poder político. Solo una mayor concentración de las decisiones a nivel central podrá generar las condiciones para que las provincias y economías regionales de menor desarrollo relativo converjan hacia los niveles de las regiones más favorecidas.
Tomar el traslado de la Capital Federal como estrategia de desarrollo regional es el reconocimiento de que solo el Estado Nacional cuenta con las herramientas fiscales y económicas necesarias para compensar las asimetrías regionales. Para ser más federales en el futuro, primero necesitamos ser más unitarios.